Hay mucho ruido con el tema de la fiscalia últimamente por lo que unos y otros dicen, en función de la ideología de cada uno.
Una parte dice que la fiscalia esta politizada y que ha intervenido para frenar una investigación anticorrupción que afecta al PP, mientras que otros alegan que hay fiscales díscolos que perjudican a los nombramientos cuando está el PP en el poder.
No sólo ha estado en la picota la fiscalia anticorrupción últimamente sino también la citación a declarar como testigo del Presidente Rajoy y la imputación hace meses del que era entonces Presidente de la Región de Murcia. En ambos casos unos dicen que tras eso hay jueces rojos que tratan de meterse en política para perjudicar a la derecha y los otros que dicen que esos jueces se quedan cortos.
En medio de todo este asunto está la supuesta politizacion de la justicia.
En 1.985 el PSOE decidió acabar con el nombramiento de miembros del poder judicial por los estamentos exclusivamente judiciales porque se creía que el poder judicial debía estar bajo la política para evitar poderes corporativistas. Siguiendo el modelo de muchos países democráticos en el mundo. En cambio ahora se quiere desandar el camino porque se considera que los políticos manejan la justicia a su conveniencia para librarse de casos de corrupción e influir ideológicamente en sus sentencias y apertura de investigaciones.
Si bien en parte pueden tener algunas de estas críticas no es menos cierto que el poder político sobre el ministerio judicial es menor de lo que la gente piensa. Además no se ha hallado el sistema político perfecto en el que se consiga la independencia judicial y desideologización total de esa carrera. No hay más que ver su propia división interna entre jueces conservadores y progresistas representados por dos grabdes asociaciones constituidas oficialmente.
Nada tiene de malo que el parlamento y el senado en función de las mayorías decida nombrar a uno u a otro vocal en el órgano del poder judicial o a los jueces del Tribunal Supremo. Obviamente siempre con consenso y con la máxima pluralidad e incluso con sistemas para asegurar que sea el gobierno anterior el que nombre fiscales para que así quien llegue tras las elecciones no se encuentre un ministerio judicial a su medida si hay cambio de partido en el poder.
Otra cosa interesante que he escuchado ha sido el debate sobre si deben existir la Audiencia Nacional y la Fiscalia Anticorrupción. La primera fue creada a raíz de la actividad terrorista y la segunda a principios de los noventa por todos los escándalos de corrupción que surgían.
Los partidarios de la supresión dicen que son grandes organismos que necesitan apuntarse tantos y que son tan poderosos que se han vuelto nocivos, además que en el caso de la Audiencia Nacional sin terrorismo no tiene tanta razón de existencia. Se apoyan en que en otros países no existen estas figuras y que son jueces y fiscales sin divisiones que llevan a cabo cada caso con alguna puntual especialización por algo concreto.
No comparto estas posturas pues un buen sistema es aquel que está preparado y cuanta mayor especialización y fortaleza de sus organismos mejor podrá desempeñar su labor, además de que aguantará mejor cualquier hipotética influencia política.
Debería todo el mundo serenarse y no hacer críticas demagogicas ni electoralistas porque se está afectando mucho a la credibilidad de la justicia y todo sistema democrático necesita que la gente confíe en la justicia como imparcial y eficiente.
Pueden hacerse cosas para mejorar su viabilidad y establecer mecanismos para asegurar que los políticos no usen su poder para hacer tejemanejes oportunistas pero el sistema judicial que tenemos no es tan malo como lo están pintando. No arrojen os piedras sobre nuestra democracia.
Publicado en Mapeando
MIGUEL ÁNGEL
Una parte dice que la fiscalia esta politizada y que ha intervenido para frenar una investigación anticorrupción que afecta al PP, mientras que otros alegan que hay fiscales díscolos que perjudican a los nombramientos cuando está el PP en el poder.
No sólo ha estado en la picota la fiscalia anticorrupción últimamente sino también la citación a declarar como testigo del Presidente Rajoy y la imputación hace meses del que era entonces Presidente de la Región de Murcia. En ambos casos unos dicen que tras eso hay jueces rojos que tratan de meterse en política para perjudicar a la derecha y los otros que dicen que esos jueces se quedan cortos.
En medio de todo este asunto está la supuesta politizacion de la justicia.
En 1.985 el PSOE decidió acabar con el nombramiento de miembros del poder judicial por los estamentos exclusivamente judiciales porque se creía que el poder judicial debía estar bajo la política para evitar poderes corporativistas. Siguiendo el modelo de muchos países democráticos en el mundo. En cambio ahora se quiere desandar el camino porque se considera que los políticos manejan la justicia a su conveniencia para librarse de casos de corrupción e influir ideológicamente en sus sentencias y apertura de investigaciones.
Si bien en parte pueden tener algunas de estas críticas no es menos cierto que el poder político sobre el ministerio judicial es menor de lo que la gente piensa. Además no se ha hallado el sistema político perfecto en el que se consiga la independencia judicial y desideologización total de esa carrera. No hay más que ver su propia división interna entre jueces conservadores y progresistas representados por dos grabdes asociaciones constituidas oficialmente.
Nada tiene de malo que el parlamento y el senado en función de las mayorías decida nombrar a uno u a otro vocal en el órgano del poder judicial o a los jueces del Tribunal Supremo. Obviamente siempre con consenso y con la máxima pluralidad e incluso con sistemas para asegurar que sea el gobierno anterior el que nombre fiscales para que así quien llegue tras las elecciones no se encuentre un ministerio judicial a su medida si hay cambio de partido en el poder.
Otra cosa interesante que he escuchado ha sido el debate sobre si deben existir la Audiencia Nacional y la Fiscalia Anticorrupción. La primera fue creada a raíz de la actividad terrorista y la segunda a principios de los noventa por todos los escándalos de corrupción que surgían.
Los partidarios de la supresión dicen que son grandes organismos que necesitan apuntarse tantos y que son tan poderosos que se han vuelto nocivos, además que en el caso de la Audiencia Nacional sin terrorismo no tiene tanta razón de existencia. Se apoyan en que en otros países no existen estas figuras y que son jueces y fiscales sin divisiones que llevan a cabo cada caso con alguna puntual especialización por algo concreto.
No comparto estas posturas pues un buen sistema es aquel que está preparado y cuanta mayor especialización y fortaleza de sus organismos mejor podrá desempeñar su labor, además de que aguantará mejor cualquier hipotética influencia política.
Debería todo el mundo serenarse y no hacer críticas demagogicas ni electoralistas porque se está afectando mucho a la credibilidad de la justicia y todo sistema democrático necesita que la gente confíe en la justicia como imparcial y eficiente.
Pueden hacerse cosas para mejorar su viabilidad y establecer mecanismos para asegurar que los políticos no usen su poder para hacer tejemanejes oportunistas pero el sistema judicial que tenemos no es tan malo como lo están pintando. No arrojen os piedras sobre nuestra democracia.
Publicado en Mapeando
MIGUEL ÁNGEL
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