El texto aprobado por el legislativo catalán no es baladí. Se trata de toda una declaración de intenciones cara al futuro, así como las conclusiones de un estudio impulsado por un parlamento autonómico para construir un país independiente separándose de España. Cierto que la declaración no es vinculante pero ello no quita la intencionalidad ni tampoco que ese estudio se haya producido.
La construcción de una república catalana se está haciendo exclusivamente con la participación de menos del 50% del electorado y de una exigua mayoría de 72 escaños. Por tanto la pluralidad política y el respaldo social necesario para dar legitimidad moral a un proceso de independencia y construcción de una nación brillan por su ausencia.
Legalmente unos políticos electos y una cámara legislativa no pueden pretender saltarse la ley ejerciendo competencias que no son suyas, pues el Estatut de autonomía no se lo permite, curiosamente renovado hace apenas una década por la mayoría de los catalanes. Es más ni siquiera hay una mayoría independrntista de 2/3 que permita modificarlo para pretender ir más allá.
Situar un poder político al margen de la ley y cometer incumplimiento a los tribunales pone la democracia en un brete, impidiendo la separación de poderes y que el poder político tenga una delinitación clara. El argumento independentista de que el pueblo les permite hacer cualquier cosa en el Parlamento aun sin tener competencias para ello, como si fuese una especie de parlamento a la inglesa donde no hay Constitución escrita e incluso más allá porque hay consenso político emanado de leyes de esa cámara para no ir más allá de unos límites, es una radicalidad democrática peligrosa por su rupturismo que puede originar en el secuestro de la democracia por la mayoría, cortando la pluralidad y el ejercicio de la oposición a la corriente mayoritaria de turno, además de por situar al margen de unos límites al estamento político.
Publicado en Mapeando
MIGUEL ÁNGEL - 29-7-16